De acuerdo a la exposición de los representantes de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) en la audiencia pública de ayer, una consultora realizó un informe que detallaba la situación de los servicios de agua y cloacas. Pese al pedido -a gritos- del público por conocer el nombre de esa empresa, los disertantes no respondieron. Sin embargo, en su turno, el legislador José María Canelada (UCR) dio a conocer que la consultora en cuestión se trataría de “Agis”, cuyo titular sería Rodolfo Quiroga, gerente comercial de la SAT.
Al iniciar su intervención en el estrado del Orestes Caviglia, el opositor señaló que la audiencia se desarrollaba en un marco de ilegalidad y de falta de consideración por los usuarios. Según sus dichos, el proceso de convocatoria en general estaría marcado por múltiples anomalías. Denunció que los ciudadanos no obtuvieron una información mínima necesaria para debatir; que el directorio del Ente único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept) que presidió la audiencia pública ya cumplió su mandato (la Justicia está debatiendo su prórroga) y que la SAT le habría pedido un informe a una consultora que pertenecería a su propio gerente comercial.
“He planteado un amparo contra la prórroga irregular e ilegal del Ersept, por lo cual entiendo que es irregular también esta convocatoria. El directorio que ha llamado a esta audiencia pública tiene un mandato que se ha vencido y prorrogado de forma ilegal. Por otro lado, al hablar de la SAT, hablamos de una empresa en la que el Estado tiene el 90% de la representación. Por esto, hay que decir que es el gobernador (Juan) Manzur quien directa o indirectamente ha resuelto aumentar la tarifa”, aseveró durante su exposición. “Manifiesto mi respeto por los empleados (de la SAT), que demuestran día a día una inmensa capacidad de servicio. Pero la ineficiente conducción de Fernando Baratelli (presidente de la empresa) nos quiso hacer creer que no venimos a discutir una revisión de la tarifa, pero sí lo es. No vinimos acá a tomar el té”, ironizó.
A su turno, el secretario de Gobierno municipal de la capital, Walter Bararducci (quien habló dos horas después que Canelada), desafió a los directivos de la SAT presentes a desmentir o explicar las acusaciones del legislador. Sin embargo, los moderadores (miembros del Ersept) no se lo permitieron por cuestiones “procedimentales”.
Empresa SAT
Preocupación por los costos e ingresos
En su exposición, los representantes de la SAT sostuvieron que, para mejorar la eficiencia del servicio, necesitan mejorar los ingresos. “No contamos con el dinero para todas las inversiones que se requieren, ni para cubrir todos los costos. Se necesitan al menos 15 años para reparar todo y renovar el 70% de las redes”, declararon. Aún así, destacaron que la empresa logró una buena cobertura del servicio pese a los problemas: aseguraron que el 69% de los tucumanos tiene acceso a las redes cloacales y que el 78% de sus clientes no efectúan reclamos.
Ombudsman
Said Juri dijo que las tarifas son injustas
El defensor del Pueblo de Tucumán, Fernando Said Juri Debo, expresó que la tarifa del servicio debe ser justa, proporcional y gradual para ser razonable. Además, expuso la necesidad de una ley que establezca la indelegabilidad del tema salud para el Estado. “Y el agua es salud”, aclaró. También aseguró que el régimen tarifario es obsoleto: “no puede ser que haya uno fijo (por superficie del terreno) y otro por medidores (por consumo): eso es injusto”. El ombudsman volvió a insistir en que la tarifa social debe ser reglamentada y más flexible.
Ersept
“Lo central es el riesgo de la salud”
Al finalizar la audiencia pública, Sergio Sánchez, director de Ersept, aseguró a LA GACETA que desde el organismo de contralor se tomarán el tiempo necesario, de al menos 15 días, para analizar los pedidos formulados, tanto por parte de los usuarios como de los directivos de la SAT. “Por ahora tenemos que tomar distancia y sacar conclusiones. Es importante resolver las quejas de la gente, pero también la falta de recursos”, declaró el funcionario. Sin embargo, reconoció que el hecho central a tratar es el riesgo sanitario denunciado por el público en virtud de la baja calidad del agua.
Consumidor
Testimonio de un usuario damnificado
Ángel Eduardo Pérez fue uno de los tantos usuarios que expusieron en la audiencia pública de ayer. Su relato sobresalió por sus fuertes acusaciones contra la SAT y el Ersept. “¡Criminales son!”, exclamó al contar que su esposa se quebró los dos tobillos en 2013 por un pozo producido por la empresa. “Los denuncié. Y voy a hacer una denuncia penal contra todos, hasta contra el gobernador”, aseguró. Además, responsabilizó a la SAT por producir enfermedades, como cólera, diarrea y hepatitis con el estado de sus aguas.
Yerba Buena
“Es una situación de salud pública”
Hernán Macedo, secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente de Yerba Buena, manifestó su oposición a un eventual aumento. “La SAT ha violado ordenanzas municipales, se labraron 2.800 multas y se enviaron casi 50 notas por las irregularidades registradas, y no hubo respuesta”, reprochó el funcionario. “La secretaría que conduzco se puso al frente de esta situación de salud pública; invertimos $ 2,8 millones en reparaciones”, aseguró. Además, preguntó a la SAT: “¿qué hacen con el dinero de los vecinos yerbabuenenses? ¿Qué han mejorado?”.
Capital
“0% de aumento del servicio de agua”
El secretario de Gobierno municipal, Walter Berarducci, destacó que al menos 104.000 personas firmaron la iniciativa popular impulsada por el municipio para intervenir la SAT y “recuperar el servicio”. Explicó que la Provincia no podría recurrir al Enhosa (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento) para mejorar su situación ya que la SAT no rindió las cuentas competentes. El funcionario capitalino también dijo que urge una política sanitaria por el agua, no una tarifaria. “El aumento tiene que ser el 0% por la deficiencia”, concluyó Berarducci.